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BOLETÍN DE NOTICIAS 22 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
ACIERTOS Y VACÍOS DE LA CONSTITUCIÓN SE EVALUARON EN FORO DE EL TIEMPO
Artífices de la Carta Magna y expertos la examinaron 20 años después de ser promulgada.
Los principales protagonistas de la Asamblea Constituyente de 1991 y varios estudiosos del tema brindaron ayer un espectáculo académico e histórico sobre la nueva Constitución, a instancias de EL TIEMPO y la Universidad de los Andes. (Vea acá el video con el resumen del Conversatorio 20 años de Constitución, logros y pendientes).
El debut correspondió al presidente Juan Manuel Santos, quien relató que como subdirector de EL TIEMPO se comprometió de manera tan personal con la Constituyente, que le valió un "regaño" del entonces director, Hernando Santos Castillo.
Santos recordó que luego de escuchar a un grupo de estudiantes y profesores universitarios sobre la idea, escribió un editorial con la asesoría del ex presidente Alfonso López Michelsen para apoyar la iniciativa, y que también ordenó imprimir en la rotativa de este diario un paquete grande de unidades de la llamada "séptima papeleta", con la que los colombianos ordenaron convocar la Constituyente. (Video: presidente Santos destaca los logros de la Constitución de 1991)
Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, y el ex presidente César Gaviria hicieron primero una mirada histórica. El ex mandatario habló de la crisis institucional que precedió la Constituyente y dijo que en un momento se llegó a temer por la integridad del Estado, pues este prácticamente estaba contra la pared por acción de los criminales.
Al examinar la vida de la Constitución de 1991, el tema de la reelección presidencial volvió a saltar sobre la mesa. Dijo que no estuvo bien reformarla para beneficio de una persona y, aunque no dijo su nombre, se refería al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien se hizo reelegir en el 2006, previa enmienda de la Constitución.
El decano de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, y el ex constituyente y ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry, estuvieron en el segundo panel, sobre los asuntos económicos de la Constitución. En este tema los dos confrontaron desde orillas opuestas: Gaviria criticó que alegando la 'sostenibilidad fiscal' se pongan en riesgo los derechos económicos garantizados por la Constitución de 1991. Perry dijo que lo que la sostenibilidad fiscal busca es defender los derechos colectivos contemplados en la misma Carta.
Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, y Helena Alviar, decana de la Facultad de Derecho de Los Andes, hablaron sobre el papel del Congreso y los partidos, después de la Constitución de 1991.
La jornada remató con un panel en el que participaron, prácticamente del mismo lado, los ex presidentes de la Asamblea Constituyente, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff, y el ministro de Gobierno de la época, Humberto de la Calle. Los tres coincidieron en la necesidad de defender la atención de los derechos fundamentales, por encima de los argumentos fiscalistas.
El dilema de si se debe dar prioridad a una disciplina fiscal en un Estado "responsable" que atienda las demandas de los ciudadanos o hacer prevalecer los derechos de los ciudadanos sobre los criterios hacendistas marcó casi toda la jornada conmemorativa de los 20 años de la Constitución.
El tema de la sostenibilidad fiscal trascendió de manera particular, entre otras razones, porque coincide la conmemoración con una enmienda constitucional que trata de poner orden en los asuntos fiscales de la Nación.
CRÍTICAS DE GAVIRIA POR REFORMAR LA CARTA PARA LA REELECCIÓN
Nuevas críticas a la figura de la reelección presidencial y una defensa radical del espíritu de la Constitución de 1991 hizo ayer el ex presidente César Gaviria, en el foro 'Encuentro con la Constitución: 20 años, logros y pendientes'.
En un conversatorio con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, el ex mandatario recordó que "los sectores contestatarios tuvieron más participación que los partidos" en la Constituyente, un factor que "contribuyó a la renovación de la Carta".( Vea acá video de la charla entre César Gaviria y Roberto Pombo).
En alusión a las casi 30 reformas que se le han hecho a la Constitución, Gaviria cuestionó la reelección presidencial.
Recordó que Colombia ha sido un país "históricamente muy libertario", que "nunca ha querido que el poder se concentre en una sola persona".
Gaviria se mostró partidario de que, a través de medidas reglamentarias, se echen contrapesos a los desequilibrios que generó la reelección presidencial impulsada por el ex presidente Álvaro Uribe.
El Congreso, después de 1991
Los ejes centrales del panel académico que lideraron Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, y Helena Alviar, decana de Derecho de los Andes, fueron el papel del Congreso y de los partidos después de la Constitución de 1991.
Pachón lanzó una alerta por lo que considera la falta de protagonismo y fortaleza del Congreso en la discusión de temas de primer orden para el país, asuntos que finalmente resultan en otras órbitas del poder público.
"El Congreso, a pesar de tener un papel fundamental como representante del pueblo, termina siendo un lugar donde se dan discusiones marginales y no las discusiones fundamentales sobre el régimen político", explicó Pachón.
La directora de Congreso Visible aseguró que existe un problema con el papel de la Corte Constitucional frente a decisiones que debería tomar el Legislativo, porque "la excesiva constitucionalidad hace que el Congreso, no por ley ordinaria, sino la Corte, por decisiones y sentencias, lidie con problemas que deberían discutirse en este". Pero la profesora Helena Alviar dijo que "se sobredimensiona el poder de la Corte (...) Dice muchas cosas y da muchas órdenes, pero debemos mirar la interacción entre distintos regímenes jurídicos".
También aseguró que "la tasa de representación de mujeres en el Congreso hace que el tratamiento de la equidad de género sea marginal".
Concurso para elegir contralores y mayor protagonismo del Congreso, los retos
Sobre la paz en el país y las enseñanzas políticas de la Constitución de 1991 hablaron tres de sus protagonistas de primera línea: Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolff, los dos miembros de la presidencia colegiada de la Constituyente que sobreviven, y Humberto de la Calle, ministro de Gobierno de la época.
En el foro 'Encuentro con la Constitución: 20 años, logros y pendientes', Serpa dijo que Colombia no hubiera aguantado estos 20 años sin la Carta Magna.
"Se ha avanzado muchísimo en temas como la participación y en lo social, y eso ha venido creando condiciones para la convivencia", agregó el ex constituyente.
Navarro, por su parte, afirmó que gracias a las nuevas instituciones que se crearon en la Constitución "ya no hay ninguna razón para el alzamiento armado en el país".
A suturno, De la Calle aseguró que sería "demasiado sombrío que la legitimidad política de un país dependa de 'Alfonso Cano' o de los herederos de Carlos Castaño".
Sobre los retos de la Constitución, Navarro señaló que uno de los principales es la elección de contralores, tanto el nacional como los departamentales y municipales.
"Necesitamos contralores elegidos por concurso, independizándolos de toda influencia política", propuso.
De la Calle afirmó que la implementación de la acción de tutela les dio más poder a los jueces que al Congreso.
El ex ministro dijo que "legitima más una decisión que provenga de una sentencia de la Corte Constitucional que una ardua discusión en el Congreso, lo cual es una lástima".
Navarro recordó además que los dos elementos principales que llevaron a la Asamblea Constituyente fueron el movimiento de la séptima papeleta y la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el M-19.
Para Serpa, los 70 constituyentes fueron disímiles, "pero se lograron consensos. No fue fácil, al principio fue complejo, pero finalmente se impuso un consenso muy interesante".
De la Calle cuestionó varias de las 29 reformas constitucionales que se han hecho en los últimos años, especialmente la que habla del principio de la sostenibilidad fiscal.
Sostenibilidad fiscal y Plan de Desarrollo se 'rajaron' para los economistas
Con críticas a la reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal, impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso, se desarrolló el panel económico del foro de conmemoración de los 20 años de la Constitución.
El ex constituyente y ex ministro de Hacienda Guillermo Perry aseguró que "ese acto no quedó muy bien y el Gobierno se equivocó al pretender imponer la sostenibilidad fiscal como un principio constitucional, porque dio la impresión de que lo iba a poner por encima de los derechos".
Dijo que "se hizo una negociación que reflejó un compromiso muy débil, al incorporarlo simplemente como un criterio que no se sabe cómo va a ser interpretado por la Corte". "Me parece más lógico establecer la sostenibilidad como un derecho de carácter colectivo, como lo son el espacio público o la libre competencia económica", agregó Perry.
Además, dijo que la ley distorsionó el mandato constitucional sobre las regalías, y respaldó la reciente enmienda de esa norma.
Aleandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes, defendió los derechos fundamentales. Resaltó el "hecho curioso de que los artículos 350 y 366 de la Constitución repiten exactamente la misma frase: el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación".
Gaviria también criticó el Plan de Desarrollo, otra institución de la Constitución de 1991, porque dejó de ser una guía académica para convertirse en un "parcheo legislativo", y lo calificó como "uno de los grandes descaches" de la Constituyente.
SANTOS DIO PISTAS SOBRE EL NOMBRE DEL PRÓXIMO MINISTRO DE JUSTICIA
Habló de cinco candidatos: dos ex procuradores, dos ex constituyentes y un ex magistrado.
Con un curioso acertijo, el presidente Juan Manuel Santos puso ayer a pensar a los colombianos en quién será su Ministro de Justicia.
En el Encuentro con la Constitución, 20 años, organizado por EL TIEMPO y la Universidad de los Andes, Santos dijo que tiene casi listo a su nuevo colaborador, que puede salir en cualquier momento, pues la ley que crea el Ministerio ya fue sancionada.
"El nuevo ministro saldrá de una nómina de cinco candidatos de lujo que ya he seleccionado", dijo, entre risas. Y a renglón seguido se arriesgó a dar pistas: "Hay dos ex procuradores, dos ex constituyentes y un ex magistrado de la Corte Constitucional".
En el auditorio, donde estaban algunos de quienes llenan esos requisitos, de inmediato comenzaron las especulaciones. Pero Santos, quien se refería de fondo al tema de la justicia, bromeó de nuevo: "Puedo decirles que dos de ellos son ex decanos de la Facultad de Derecho de esta universidad y que otro es ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana".
A partir de ese momento las apuestas se intensificaron y las hipótesis abundaron.
El único que llena los requisitos de ser ex magistrado de la Corte Constitucional y ex decano de Derecho de los Andes es Manuel José Cepeda, quien se encontraba a pocos pasos del presidente Santos.
Luego surgió el nombre de Carlos Gustavo Arrieta, quien también fue decano de Derecho de los Andes y procurador, y después el de Juan Carlos Esguerra Portocarrero, ex constituyente y ex decano de Derecho de la Universidad Javeriana. Esguerra formó además parte de la terna de Santos para la Fiscalía General.
Y para seguirle el juego al Presidente, apareció el nombre del ex procurador Alfonso Gómez Méndez, liberal que ya había sonado para ese cargo.
Las apuestas se cierran con Fernando Carrillo, promotor de la Constituyente, ex constituyente y ex ministro de Justicia. Carrillo trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Europa y participó en la operación de empalme de Santos.
El nombre del nuevo ministro puede conocerse en cualquier momento, pues el Jefe de Estado ya lo tiene casi listo y el nuevo Ministerio de Justicia está a punto de entrar a funcionar, pues la ley que lo crea ya fue sancionada por el Presidente.
SANTOS ALERTÓ SOBRE COSTO DE PENSIONES EN FORO DE EL TIEMPO
Por 'choque' entre Consejo de Estado y Corte Constitucional, regímenes especiales son muy altos.
El presidente Juan Manuel Santos advirtió ayer sobre la urgencia de definir órganos de cierre que brinden seguridad jurídica al país.
Durante el foro 'Encuentro con la Constitución: 20 años', organizado por EL TIEMPO y la Universidad de los Andes, el mandatario puso como ejemplo de esta situación la extensión de los beneficios del régimen de transición en materia pensional a algunos funcionarios públicos mediante sentencias judiciales, lo cual tiene en peligro la estabilidad financiera del sistema.
La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, buscando unificar los regímenes pensionales. Sin embargo, explicó Santos, "para respetar expectativas adquiridas se estableció un régimen de transición" para quienes en 1993 hubieran alcanzado determinadas condiciones bajo el antiguo régimen.
"En los 18 años que han pasado, diversas decisiones judiciales -en medio de posturas cambiantes y a veces contradictorias entre lo contencioso administrativo y lo constitucional- han prolongado la integralidad del régimen anterior para unos regímenes especiales de pensiones, como los de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría", criticó Santos, quien dijo que "ahora pretenden extenderlo al universo de los servidores públicos". Dichas decisiones pueden costar, según él, entre 11,7 y 20,1 billones a pesos en el 2010.
"Acá se hace palpable la necesidad de tener una instancia de cierre definida y un sistema de unificación jurisprudencial porque, de seguir esta tendencia, puede ponerse en grave riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional", afirmó el jefe de Estado.
Santos recordó que la Carta Política del 91 ha sido reformada en 29 ocasiones, pero que, a pesar de ello, "su núcleo puro y duro no ha sido alterado". (Vea acá video de Santos comentando sobre las reformas que se han hecho en su administración.)
No obstante, volvió a hacer énfasis en la necesidad de ejercer responsabilidad fiscal, so pena de no poder garantizar los derechos que contempla la Constitución.
Santos defendió el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, recientemente aprobado por el Congreso, y que busca un "adecuado balance entre el ejercicio y protección de los derechos individuales y la defensa del bienestar común" y "unas finanzas sanas".
"El desborde del gasto y la irresponsabilidad en materia fiscal, si no los matizamos con un criterio de sostenibilidad, pueden significar el mayor factor de retroceso en las conquistas de nuestro Estado Social de Derecho", agregó.
Santos también destacó reformas constitucionales recientemente aprobadas, como la reforma del sistema de regalías, la eliminación del rango constitucional de la Comisión Nacional de Televisión y la iniciativa que impide a los congresistas declararse inhabilitados para votar reformas de la Constitución.
Durante su discurso, el Presidente dijo que "la Constitución de 1991 nos ha permitido gozar de una democracia representativa, participativa y ampliamente pluralista".
"Algunos dicen que se les fue la mano, aunque en este tema de los derechos siempre es mejor pecar por exceso que por defecto", puntualizó el mandatario.
'CONSTITUCIÓN FUE UN SALTO AL SIGLO XXI': SANTOS EN FORO DE EL TIEMPO
Durante el evento, el Presidente reveló que tiene cinco candidatos a Ministro de Justicia.
El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Constitución de 1991 preparó al país para dar un salto al siglo XXI y superar un pasado autoritario y excluyente (Vea acá el especial 'Los 20 años de la Constitución Política de Colombia').
Santos dijo que con la Constitución de 1886 los mandatarios usaron un estado de sitio que dio poderes excepcionales.
En tono de broma dijo que estos poderes "aún los añora uno", pero después aseguró, de manera seria, que la Carta Magna creó un país más participativo y democrático.
El Presidente Santos aprovechó el foro para decir que ya tiene preseleccionados cinco candidatos para escoger a su nuevo Ministro de Justicia.
El grupo está integrado por dos ex procuradores, dos ex constituyentes y un ex magistrado de la Corte.
El mandatario no quiso revelar el nombre de los escogidos y solo dio como pista adicional que dos de los seleccionados fueron decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y uno de la facultad de ciencias del Derecho de la Universidad Javeriana.
Presidente dijo que las 29 reformas que se han hecho a la Constitución no han afectado su núcleo y aclaró que las cuatro reformas impulsadas durante su Gobierno buscan llenar los vacíos que dejó la Asamblea Constituyente de 1991.
Una de las reformas que mencionó fue la de las regalías, aprobada para que estos recursos se repartan con criterios de equidad.
Además, aseguró que la reforma que eliminó la Comisión Nacional de Televisión busca crear un nuevo sistema de televisión en Colombia, el cual será presentado este martes, para terminar con la excesiva reglamentación que creó ese ente autónomo.
Como tarea pendiente, el Presidente dijo que presentará una reforma a la Justicia, el próximo 20 de julio, para corregir las dificultades que ha tenido este sistema en los últimos 20 años.
El mandatario dijo que no es justo que Colombia no sea competitiva por cuenta de la falta de seguridad jurídica. Citó un informe de Doing Business, en el que el país no sale bien librado en este tema.
Por su parte, el director de ELTIEMPO, Roberto Pombo, inició este encuentro académico con una anécdota: recordó que durante un viaje familiar por el Amazonas, un indígena le comentó que guardaba un libro sagrado en su vivienda: la Constitución de 1991.
Pombo mencionó el hecho para recalcar que la Constitución de 1991 consagró derechos tan importantes como la protección de los grupos indígenas.
Conversatorio con Gaviria
Después de la intervención del presidente Santos, el director de ELTIEMPO, Roberto Pombo y el ex presidente César Gaviria, uno de los principales promotores de la Constitución, iniciaron un conversatorio.
Gaviria relató cómo fue el contexto que precipitó la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El ex presidente recordó que el país vivía un momento de guerra por cuenta de las acciones del narcotráfico, particularmente del terrorismo de Pablo Escobar.
Recordó el asesinato de los ex candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, lo que creó un momento de incertidumbre en el país.
En ese sentido, dijo que lo que buscó la Constitución de 1991 fue darle "una respuesta no autoritaria a los problemas de Colombia. Fue una respuesta democrática". Y parte de esa respuesta fue la creación de la Fiscalía General de la Nación.
Gaviria dijo que quienes aspiraron a la Asamblea Constituyente, en diciembre de 1990, eran "contestatarios y eso contribuyó a la renovación de la Carta Magna". El ex mandatario dijo que lo más grave de la anterior Constitución, la de 1886, era que el país se la pasaba en Estado de sitio.
Como reparos a la Constitución de 1991, el ex presidente liberal dijo que la constituyente de 1991 hizo todo lo posible por debilitar a los partidos "y lo logró", porque, entre otras cosas, la circunscripción nacional del Senado rompió con la hegemonía de los movimientos tradicionales.
Para Gaviria, la reelección se hizo sin garantías y cambió las reglas del juego en la mitad del camino.
Foro con Perry y Alejandro Gaviria
En la tercera parte del foro, organizado por ELTIEMPO y la Universidad de los Andes, el director de Portafolio, Ricardo Ávila, conversó con el ex ministro Guillermo Perry y el decano de la Facultad de economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.
El ex ministro dijo que la Constitución de 1991 promueve la empresa privada, a través del Artículo 333, pero permite la regulación por parte del Estado.
Perry también mencionó que al permitir que los particulares entraran a administrar los servicios públicos, su calidad mejoró de manera ostensible.
Perry dijo que la ley con la que se reglamentaron las regalías quedó mal hecha, "hasta inconstitucional deber ser" porque no interpretó el espíritu de la norma, y les dio vía libre a una cantidad de proyectos pequeños. El ex ministro agregó que apoya la reciente modificación al sistema de regalías.
Gaviria, entre tanto, advirtió que "el desafió, más allá de la Constitución de 1991, es tener instituciones estatales operantes en todo el país". El Decano aseguró que la descentralización equitativa no funcionó para todos, porque debió desarrollarse de una forma más gradual.
Al respecto, el ex ministro Perry anotó que la descentralización del país se vio afectada por el conflicto interno en Colombia.
En cuanto a los temas políticos, Alejandro Gaviria sostuvo que el prestigio de la Corte Constitucional "le permitió el año pasado rechazar el proyecto de reelección".
Régimen político y los derechos
Mónica Pachón, directora de Congreso Visible, y Helena Alviar, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fueron invitadas al panel sobre régimen político y derechos en la Constitución de 1991, que contó con la moderación del ex ministro Carlos Caballero.
Pachón recordó que "por 275 días se usó el estado de excepción en el año anterior a la Constitución de 1991" y mencionó que la Carta Magna rompió el bipartidismo, pero permitió los personalismos. Por ende, dijo, el sistema electoral colombiano continúa fragmentado.
La Directora de Congreso Visible dijo que todos estos años hemos sido más estrictos con el Congreso de la República, pero no con la Rama Ejecutiva. Pero, dijo que el Legislativo hace discusiones políticas marginales y no fundamentales para el país.
Por su parte, Helena Aviar dijo que el Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución, fluctúa entre el liberalismo y el intervencionismo en Colombia y criticó que el 80 por ciento de la población reciba solo el 39 por ciento de los recursos del país.
La decana de la Facultad de Derecho de los Andes dijo que la Corte Constitucional tiene muchos pronunciamientos y da muchas órdenes, pero debe ser más interactiva con otros organismos del Estado.
Así mismo, dijo que existen muchas trabas en Colombia para aplicar los preceptos, principios y derechos de la Constitución, así como las disposiciones de las leyes.
Los protagonistas de la constituyente
Antonio Navarro y Horacio Serpa, ex presidentes de la Constituyente de 1991, y el ex ministro Humberto de la Calle, ministro de Gobierno durante la aprobación de la Carta Magna, cerraron el foro.
Serpa aseguró que lo importante de estos 20 años "es que se ha relanzado la Constitución de 1991", mientras que Navarro aseguró que la Constituyente "fue un evento excepcional, de difícil repetición, que generó un ambiente de diálogo en el país".
Sin embargo, Navarro dijo que el diseño de las contralorías no fue el mejor y propuso que el jefe de este ente de control sea elegido por concurso. El ex constituyente también advirtió fallas en el sistema de salud que se creó y dijo que la Carta Magna no resolvió los temas de la desigualdad y la informalidad en el empleo.
"Aquí se legitima más una sentencia de la Corte Constitucional que un debate en el Congreso ¡Es una lástima!", dijo, por su parte, el ex ministro de la Calle.
El ex ministro dijo que los jueces deberían consultar más las providencias de la Corte Constitucional y esto "evitaría un choque de trenes".
Como punto a favor de la Carta Magna, De la Calle dijo que esta ha solucionado problemas específicos de los colombianos y esto ha hecho que los ciudadanos se apropien de su contenido.
Serpa dijo que la reelección presidencial maltrató profundamente el espíritu que sembraron los constituyentes en su articulado y Navarro puntualizó que la Constitución dejó sin argumentos a los grupos armados ilegales.
EDITORIAL: DOS AMENAZAS DISTINTAS
El esfuerzo histórico de la ley de víctimas hace rato que está en la mira de los violentos.
"Hay como dos manos negras que están al acecho. Manos negras de extrema izquierda y de extrema derecha." Con esas palabras, el presidente Juan Manuel Santos calificó los dos mayores "enemigos del optimismo" que el país debería abrigar debido a los indicadores económicos actuales y la entrada a escenarios de relevancia internacional.
La descripción de Colombia como una sociedad moderada, atrapada entre dos radicalismos ideológicos, armados hasta los dientes e infiltrados en las más diversas esferas, es incompleta. La figura de la 'mano negra' -que ha despertado el reclamo justificado de los afrodescendientes- simplifica la compleja realidad del espectro político nacional. Especialmente la incapacidad histórica de construir legítimas y estables opciones de poder que defiendan banderas de la derecha y de la izquierda dentro de las reglas de la democracia contemporánea.
Por otro lado, en cuanto a la magnitud de la amenaza y los mecanismos de acecho social, los dedos de estas 'manos' difieren mucho los unos de los otros. Mientras, por el flanco izquierdo, el Primer Mandatario identifica plenamente al enemigo, las Farc, las referencias al flanco derecho son difusas y carecen de nombres propios.
Además, la guerrilla busca atentar contra varios pueblos para recuperar la fortaleza perdida, y la 'conspiración' derechista pretendería boicotear con violencia el desarrollo de la ley de víctimas y la restitución de las tierras a los desplazados. Por último, Santos adjudica a estos grupos un deseo de exagerar una sensación general de zozobra para impulsar una agenda de seguridad más radical. Lo grave es que la historia reciente del país cuenta con más de un ejemplo de cómo las subversiones de izquierda buscan difuminarse dentro de la población, y células extremistas de derecha alcanzan un alto grado de organización y estructura militar.
A pesar de lo anterior, el llamado de alerta del presidente Santos frente a estos 'enemigos' tiene la mayor pertinencia. En especial, en relación con los intentos por sabotear la estrategia de reparación de los millones de compatriotas vulnerados por el conflicto. La expresión más trágica de estos intentos desestabilizadores es la veintena de líderes de desplazados asesinados desde la toma de posesión de la actual administración.
Por más diferencias que haya frente a la calificación de otras amenazas, como las bandas criminales y los nuevos paramilitares, el esfuerzo histórico de la ley de víctimas hace rato que está en la mira de los violentos. Uno de los desafíos de seguridad vitales a corto plazo será el blindaje físico de los actores institucionales y los grupos de desplazados involucrados en la restitución.
Los nombres, caras, finanzas, movimientos y tácticas de las Farc son tan conocidos por las Fuerzas Armadas como para no haberles infligido los duros golpes de años recientes. No se puede decir lo mismo de quienes están detrás de la eliminación sistemática de las cabezas visibles de los campesinos despojados. O de quienes, como en el atentado contra el busto de Laureano Gómez, emplean el terrorismo para exacerbar la zozobra.
Con esta referencia, el mandatario pretende informar de la naturaleza conspiradora de la amenaza derechista y de los objetivos puntuales de sus ataques. Sin embargo, la Casa de Nariño no puede limitarse a expresar frases crípticas en conexión con la identidad de quienes estarían detrás de descarrilar el tren de la reparación y beneficiarse de un deterioro de la seguridad. El país conoce bien el daño de la izquierda armada y debe estar listo para detener la actual andanada de la extrema opuesta contra los desplazados.
JUSTICIA, CAMINO A LA PAZ
Alfonso Gómez Méndez
Tal vez convendría someter a la voluntad ciudadana un referendo, para que dijéramos hasta dónde se puede ir en la búsqueda de la paz.
Mientras no se haga claridad en la materia, el Estado y la sociedad seguirán de tumbo en tumbo.
Las relaciones entre justicia y paz exigen un debate a fondo, que los colombianos estamos en mora de adelantar. Lo que hoy vemos -como ha ocurrido en tantas oportunidades de nuestro devenir histórico- es una serie más de sucesivos bandazos que no resolverán jamás una situación tan difícil como esta.
Con frecuencia, en efecto, se hace prevalecer la peligrosa tesis de que con tal de conseguir la esquiva paz puede llegarse hasta el sacrificio de la justicia.
Ejemplos al canto: cuando, como Fiscal General de la Nación, me abstuve de participar en los diálogos del Caguán, sectores del gobierno de entonces, y aun editoriales de El Colombiano, me acusaron de atravesarme a la paz, siendo que solo exigía el cumplimiento estricto de decisiones de carácter penal.
Como entonces se vivía la época "eufórica" de la paz, 'Tirofijo' no era el guerrillero asesino de las monjas en Inzá, sino 'Don Manuel'.
La televisión repetía imágenes de guerrilleros (muchos de ellos hoy muertos) enarbolando la bandera nacional y vociferando consignas en actitud desafiante.
Se les daba el tratamiento de "insurgentes" y hasta se propuso ¡que la toalla con que 'Tirofijo' enjugaba el sudor de las selvas caqueteñas se exhibiera como pieza de nuestra memoria histórica en el Museo Nacional!
Todo cambió, sin embargo, con el secuestro del avión de Aires en el Huila. Entonces, el mismo gobierno que les había dado tan indulgente tratamiento con la esperanzadora idea de lograr la paz inició una ofensiva diplomática hasta conseguir que la Unión Europea los declarara "grupo terrorista", pese a que desde mucho antes de iniciarse las conversaciones ejecutaban acciones terroristas.
Bandazos parecidos se han dado frente al paramilitarismo. El gobierno Barco creó el delito de pertenencia a grupos de justicia privada, o escuadrones de la muerte. Su gobierno y los subsiguientes persiguieron sin mayor éxito a los grupos paramilitares.
Uribe inició unas controvertidas conversaciones con ellos, actitud que implicaba, en opinión de López Michelsen, darles el carácter de contradictores políticos a reconocidos capos del narcotráfico y violadores de los derechos humanos con el pretexto de ayudar al Estado en la lucha contra la guerrilla.
La ley de justicia y paz, expedida con idéntico objetivo de pacificar la nación, se tradujo en aplicarles penas irrisorias (entre cinco y ocho años de cárcel) a responsables de desplazamiento forzado, despojo, torturas, desapariciones y masacres de ciudadanos indefensos.
Esta ley dio lugar a incoherencias claramente aberrantes, como sancionar con mucho más rigor a ladronzuelos callejeros que a confesos asesinos en serie.
Ahora bien, dentro del proceso de la 'parapolítica', la Corte ha impuesto rígidas condenas a políticos por recibir apoyo paramilitar, con penas muchas veces superiores a las que recibirían los mismos paramilitares por sus crímenes y fechorías.
De otro lado, aprobamos el Estatuto de Roma, que prohíbe conceder amnistías o indultos por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Hoy existe esa limitante para cualquier proceso de paz.
Pero no hay claridad normativa, y sí en cambio proliferan toda clase de inconsistencias políticas y legales.
Talvez convendría, ante panorama tan poco alentador, someter a la voluntad ciudadana un referendo, para que dijéramos hasta dónde se puede ir en la búsqueda de la paz, cuál es el alcance real del indulto y la amnistía, o perdón u olvido, y qué normas de la legislación penal podrían dejar de aplicarse, entre otros muchos tópicos.
Mientras no se haga claridad en la materia, el Estado y la sociedad seguirán de tumbo en tumbo, con las desastrosas consecuencias, siempre controvertidas y controversiales, que todos conocemos. Y que a veces tememos.
LAS VÍCTIMAS Y EL RÉGIMEN
Héctor Pineda
Es enorme el desafío que le espera a las instituciones estatales para reparar las víctimas y devolver las tierras a los despojados.
La mano negra de la extrema izquierda de las Farc y la mano negra de la extrema derecha (sin identificar), según las declaraciones del presidente Santos, se quieren "tirar" la aplicación de la Ley de Víctimas y la devolución de las tierras a los despojados.
Las palabras del Presidente, para algunos, son la respuesta (retórica) a la reactivación del terror bélico de la guerrilla y, también, la manera de controvertir las críticas que algunos sectores le vienen haciendo a la Ley de Víctimas, recientemente sancionada. Para otros, sin embargo, es la manera como Santos, sin meterse en señalamientos, salda cuentas con las tensiones suscitadas con el ex presidente Álvaro Uribe y, homologando las extremas, intenta situarse en el espacio del centro del espectro político. También, si se quiere, el significado de la metáfora de la "mano negra", ni más allá ni más acá, sería la manera de caracterizar al régimen que, según lo definió Álvaro Gómez Hurtado, no es cosa distinta del intricado entramado de relaciones perversas y complicidades entre mafias, corrupción y politiquería para mantener el 'statu quo'.
La mano negra del régimen, seguramente, desatará el potencial destructivo y de terror para lograr sus propósitos. Desde el atentado selectivo (el asesinato de Ana Fabricia Córdoba así lo indicaría), pasando por el terror indiscriminado (bombas y actos terroristas), hasta la infiltración de instituciones públicas para, con apariencias de legalidad, realizar todo tipo de actuaciones encaminadas a sabotear la posibilidad de resarcir a las víctimas. Sin duda, asistiremos al espectáculo cínico del régimen, al lado de los victimarios, "combinando todas las formas de lucha".
Los indicios de la mano negra del régimen, como las orejas del lobo debajo del disfraz de oveja, empiezan a asomarse. Amenazas y asesinatos a las víctimas reclamantes para disuadirlas de los reclamos; enredos jurídicos y de trámites (en complicidad con servidores públicos) en tierras que fueron despojadas y entregadas a testaferros y falsos compradores (¿embolatar durante diez años los procesos?); falsas víctimas o victimarios disfrazados de víctimas (como dice que lo hará el ex presidente Álvaro Uribe al declararse víctima en el proceso de "farcpolítica" contra la ex senadora Piedad Córdoba), lo que generaría incertidumbres en la aún sin estrenar institucionalidad encargada del trámite del proceso de las víctimas, y el uso de los resquicios en la ley para negarse a la reparación, como lo han anunciado los abogados de los parapolíticos condenados (¿las colectividades políticas que los avalaron tienen que reparar?), de servidores públicos y empresas privadas señaladas de alianzas con organizaciones armadas ilegales.
Desactivar las estrategias mafiosas de los victimarios, atender la voz de la comunidad internacional (HRW), que en reciente informe revela la intención de las bacrim (bandas criminales) de sabotear la devolución de las tierras e interferir el debate electoral; enfrentar la criminalidad de la mano negra del régimen, desentrañar la verdad y reparar a las víctimas, entre otros retos, es el enorme desafío que les espera a las instituciones estatales existentes y a la institucionalidad creada para reparar a las víctimas y devolver las tierras a los despojados. Ojalá la institucionalidad creada para la reparación no se convierta en piñata de pugnas politiqueras y de clientelismo. Es lo mínimo que la decencia indica.
Entonces, mientras renovamos la confianza para que el Gobierno cumpla con su delicada obligación, al lado de las víctimas (nunca parado sobre ellas), tiene pertinencia recordar que antes de su asesinato, Álvaro Gómez Hurtado nos convocó a tumbar el régimen. Asignatura pendiente.
Alargue: A las puertas del 20 aniversario de la Constitución Política se marchó de estas tierras el canciller constituyente Augusto Ramírez Ocampo. Su legado de reconciliación es paradigma en estos tiempos de reparación. Nuestras condolencias a su familia.
EL ESPECTADOR
20 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN
"Afortunadamente la Corte frenó segunda reelección": César Gaviria
El expresidente César Gaviria Trujillo volvió a arremeter en contra del acto legislativo que permitió la reelección presidencial.
Para el exmandatario, la primera reelección se dio sin garantías y sin contrapesos" en las ramas del poder. "Establecer una norma para una persona no es buena porque no es buena...las reformas constitucionales no pueden hacerse en función de una persona, y eso no estuvo bien", recalcó Gaviria.
Luego consideró que "afortunadamente la Corte Constitucional frenó la segunda reelección" porque ésta hubiera sido peor para el país.
En ese sentido, consideró indispensable que se trámite un proyecto en el Congreso que restituya el sistema de pesos y contrapesos en las ramas del poder para cuando se repita la reelección.
Según él, es necesario que se impida al presidente participar en la elección de los órganos de control.
"Este país ha sido históricamente muy libertario y nunca ha querido que el poder se concentre en una persona", añadió.
La declaración de Gaviria se dio en la celebración que hizo la universidad de Los Andes por los 20 años de la Constitución.
MINERÍA: PROPUESTAS Y RETOS
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
El plan nacional de desarrollo 2010-2014 (PND), como es habitual, se compromete a mucho y en corto plazo.
En esto se parece a planes previos. Esto no quiere decir que todo sea igual: ni la rama ejecutiva del Gobierno es la misma, ni la sociedad es la misma. Hoy el presidente y sus técnicos son más respetuosos de la sociedad civil y sus organizaciones, y de la existencia y ejercicio de otros poderes al interior del Gobierno. La sociedad maneja modernos y ágiles sistemas de comunicación, tiene mejor acceso a la información y puede ser más propositiva. El país, en un acelerado proceso de construcción y transformación, enfrenta grandes retos. La minería es sin lugar a dudas un asunto crítico que pone en aprietos al actual gobierno; en la década pasada, sin instituciones ni criterios ambientales, con muy precaria información y gran apetito inversionista, el país se abrió a la minería.
Ser consistentes con lo expresado en el PND exige hacer una minería responsable de bajo impacto, aportar lineamientos ambientales al Plan Nacional de Ordenamiento Minero, asegurar que no se haga minería en páramos, humedales, áreas protegidas y otras áreas de especial importancia ecosistémica, evaluar los pasivos ambientales generados por las actividades minero-energéticas, y generar la compensación requerida y asegurar que el uso de las regalías genere un desarrollo sostenible. La cosa no está fácil: de 55 mil hectáreas tituladas para minería en páramos en 2002, se pasó a 122 mil en 2009. En el país, el área titulada para exploración/explotación minera pasó de 1,1 millones de hectáreas en 2002 (0,98% del territorio del país) a 8,4 millones en 2009 (7,5% del territorio). Al inicio de este gobierno, había 40 millones (36% del país) de hectáreas adicionales solicitadas para titulación y en “estudio” por el Ingeominas (el deficiente Ingeominas que todos conocemos).
Ante la crisis institucional deberíamos suspender la concesión de nuevos títulos mineros y la aprobación de licencias ambientales, hasta poner en orden la casa. La minería es una locomotora que una vez pasa, si no se hace con cuidado, destruye. Sólo como un ejemplo, hoy los productores agropecuarios se quejan de que la sísmica asociada a la exploración petrolera está profundizando el nivel freático en sus predios; esto debe verificarse y si es el caso definir estrategias de mitigación y compensación.
Los recursos para la institucionalidad ambiental que hace seguimiento a la minería deben crecer en proporción al crecimiento en la inversión del sector minero. Éste ha crecido aceleradamente, mientras la institucionalidad ambiental se ha debilitado. Además, debemos impulsar la veeduría ciudadana y estar atentos para asegurar la efectividad en el cumplimiento de las funciones por las autoridades ambientales. El caso del páramo de Santurbán es un ejemplo de que la sociedad civil puede influir en el proceso.
La tarea no está fácil. Iniciemos cuanto antes la ejecución del PND, aplicando su Art. 202 que dice que en páramos y humedales se restringen parcial o totalmente actividades agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos. Declaremos una moratoria para nuevas concesiones y licencias ambientales, mientras fortalecemos técnica y financieramente a la autoridad ambiental. Un costo en el corto plazo, por importantes beneficios de largo plazo.
EL NUEVO SIGLO
DESANGRE PENSIONAL COSTARÍA $37 BILLONES
El presidente Santos destacó la aprobación de la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal.
Los carruseles de pensiones podrían llegar a costarle al Estado entre 11,7 y 20 billones de pesos, pero si esa conducta se extendiera a los demás servidores, el valor sería de 37 billones de pesos.
Así lo denunció el presidente Juan Manuel Santos, al manifestar que 18 años después no se ha podido realizar la unificación de los regímenes especiales de pensiones, incluyendo el de la rama judicial, y manifestó que esto representa un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema.
“Estas decisiones, que dan pie a carruseles de pensiones, pueden tener un costo actuarial de entre 11,7 y 20,1 billones a pesos de 2010, que podría adicionarse incluso en 37 billones de pesos si se extendieran a todos los demás servidores”, dijo.
De esta manera, el Jefe de Estado urgió la radicación del proyecto de reforma a la justicia, prevista para el próximo 20 de julio, para corregir lo que ocurre con la liquidación de algunas pensiones.
Santos recordó que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, con el objetivo de lograr una unificación de los regímenes pensionales, pero para respetar expectativas adquiridas se estableció un régimen de transición para quienes cumplieran determinadas condiciones de edad o tiempo de servicio.
“Estas decisiones, que dan pie a carruseles de pensiones, pueden tener un costo actuarial de entre 11,7 y 20,1 billones a pesos de 2010, que podría adicionarse incluso en 37 billones de pesos si se extendieran a todos los demás servidores”, dijo.
De esta manera, el Jefe de Estado urgió la radicación del proyecto de reforma a la justicia, prevista para el próximo 20 de julio, para corregir lo que ocurre con la liquidación de algunas pensiones.
Santos recordó que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, con el objetivo de lograr una unificación de los regímenes pensionales, pero para respetar expectativas adquiridas se estableció un régimen de transición para quienes cumplieran determinadas condiciones de edad o tiempo de servicio.
Asimismo, el Presidente destacó la aprobación de la reforma constitucional de sostenibilidad fiscal, pues “procura un adecuado balance entre el ejercicio y protección de los derechos individuales y la defensa del bienestar común”.
El mandatario señaló que esta iniciativa aprobada en la legislatura que acaba de finalizar “exige que el Estado tenga unas finanzas sanas y que no se comprometa por encima de sus posibilidades”, esto con el fin de honrar sus compromisos y no poner en riesgo inversiones futuras en distintos sectores.
“Y debemos ser claros: el criterio de sostenibilidad fiscal se ajusta al principio del Estado Social y no puede entenderse como una limitación o un bloqueo a la protección de los derechos fundamentales mediante tutelas”, recalcó el Presidente Santos.
Explicó que la sostenibilidad fiscal representa todo lo contrario: “la expresión de un Estado que asume su responsabilidad social frente al futuro”.
Señaló que la responsabilidad con el país hace necesario proteger la capacidad financiera de la Nación contra una carga excesiva de deudas que gradualmente obliguen al Estado a reducir los demás gastos, incluyendo las inversiones en los sectores sociales y educativos.
“El desborde del gasto y la irresponsabilidad en materia fiscal -si no los matizamos con un criterio de sostenibilidad- pueden significar el mayor factor de retroceso en las conquistas de nuestro Estado Social de Derecho proclamado en 1991”, resaltó el Jefe de Estado.
En su intervención en el foro, el Mandatario indicó que la otra iniciativa que se presentará en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio será la del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que contribuirá con la descongestión judicial.
Explicó que el arbitraje es un método eficaz alternativo de resolución de conflictos, en el que Colombia tiene muy buena experiencia.
“Esperamos —con este estatuto— fortalecerlo, promover la especialización de los árbitros y adecuarnos a los parámetros del arbitraje internacional. Así lograremos que Colombia sea sede de arbitrajes internacionales, siguiendo el ejemplo de países como Chile”, concluyó el Presidente.
URGEN RADICACIÓN DE REFORMA A LA JUSTICIA EL 20 DE JULIO
La administración Santos desde el año anterior ha aplazado la presentación de esta importante iniciativa
La necesidad de una urgente reforma a la justicia fue reiterada ayer por el presidente Juan Manuel Santos. El Gobierno insiste en su intención de radicar esta iniciativa el próximo 20 de julio, cuando será instalada la segunda legislatura del actual Congreso.
Esta iniciativa quiso el Gobierno nacional presentarla al Parlamento en septiembre pasado, sin embargo se aplazó esta intención con el objeto de dar tiempo para discutirla a fondo con las Cortes.
Empero aunque ha venido desde el año pasado operando una mesa para la discusión de esta iniciativa, ya ha sido aplazada en dos oportunidades una cumbre entre el Gobierno y las altas Cortes para su discusión.
La cumbre programada para los días 23 y 24 de junio en Medellín fue aplazada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y los presidentes de las Altas Cortes, tras una reunión que sostuvieron con el Jefe de Estado en la Casa de Nariño. Se anunció que la nueva fecha para analizar el proyecto de reforma a la justicia será el 11 y 12 de julio en Medellín.
Santos dijo ayer que “esto nos reafirma en la urgencia de avanzar en una reforma integral a la justicia, no sólo constitucional sino también a nivel de los códigos, y en su administración”.
El Jefe de Estado señaló que con esta iniciativa, su administración también busca seguridad jurídica y descongestionar los despachos judiciales. “Queremos seguridad jurídica, queremos una adecuada gerencia de la Justicia; queremos jueces y magistrados concentrados exclusivamente en sus funciones jurisdiccionales; queremos evitar innecesarios “choques de trenes” entre las distintas jurisdicciones, y queremos descongestionar los despachos judiciales, entre otros objetivos”, indicó.
También resaltó la importancia de otra iniciativa que presentará el Gobierno a consideración del Congreso, como es el Código General del Proceso, que contribuirá a corregir los “cuellos de botella” y se aplicará en procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia, indicó el Mandatario.
“Este código establece la oralidad como regla general así como el uso adecuado de las TIC, la unificación y simplificación de procedimientos, y la utilización racional del aparato judicial”, dijo.
Algunas de las propuestas contenidas en la iniciativa de reforma judicial que presentó el Ejecutivo a las Cortes es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Consejo Superior Judicial, que estará conformado por una Sala de Gobierno y por una Gerencia de la Rama Judicial. La Sala de Gobierno estará integrada por 7 miembros: los presidentes de las altas Cortes, los delegados de las altas Cortes y un delegado de magistrados y jueces.
Estatuto de Arbitraje
En su intervención, el Mandatario indicó que la otra iniciativa que se presentará en la legislatura que inicia el próximo 20 de julio será la del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que contribuirá a la descongestión judicial.
“En la elaboración de este proyecto contamos con una comisión de juristas, tratadistas, catedráticos y abogados en ejercicio, del más alto nivel, que fue presidida nada menos que por el doctor Fernando Hinestrosa, la cual se dividió en dos subcomisiones —una para el arbitraje nacional y otra para el arbitraje internacional—”, puntualizó.
Explicó que el arbitraje es un método eficaz alternativo de resolución de conflictos, en el que Colombia tiene muy buena experiencia
“Esperamos —con este estatuto— fortalecerlo, promover la especialización de los árbitros y adecuarnos a los parámetros del arbitraje internacional. Así lograremos que Colombia sea sede de arbitrajes internacionales, siguiendo el ejemplo de países como Chile”, concluyó el Presidente de la República.
De otro lado, el jefe del Ejecutivo anunció que tiene los nombres de cinco personas para el cargo de Ministro de Justicia, pero dijo que no revelará aún quién será el titular de la cartera, que saldrá de una nómina de candidatos de lujo (ver página 10).
ADVERTENCIA POR DEMORA EN PAGOS A EPS
Para prevenir que no se deteriore la atención eficiente a los usuarios, la Contraloría General de la República advirtió al Gobierno y a la Superintendencia de Salud para que paguen oportunamente a los proveedores y prestadores de servicios de salud, vinculados con varias EPS.
El anuncio fue hecho por la contralora general, Sandra Morelli Rico, luego de recibir varias quejas y denuncias relacionadas con el aplazamiento de los pagos.
Según Morelli las medidas son necesarias para evitar un detrimento patrimonial proveniente de repeticiones y demandas contra el Estado, y para que se dé un oportuno cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas y de los servicios de salud, a los usuarios de los regímenes contributivo, subsidiado y vinculado.
Los pagos pendientes incluyen médicos e IPS relacionadas con Saludcoop EPS Compañía de Medicina Prepagada, entidad que en la actualidad se encuentra intervenida por parte del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud.
Al respecto, la Contralora ha dicho que la Superintendencia de Salud deberá realizar el proceso de depuración contable para definir la provisión o castigo de dichas cuentas por cobrar y los demás vinculados al Fosyga. Definición que se da de acuerdo a la edad y efecto de liquidez y solvencia de las EPS, que hacen parte del sistema de seguridad social.
Respecto a los recobros no glosados, estos deberán ser atendidos oportunamente, siempre y cuando no exista una razón válida para que haya mayor demora o parálisis de los pagos.
Según Sandra Morelli, esta situación merece una acción inmediata del gobierno nacional, de los reguladores y de todas las entidades públicas involucradas, con el fin de dar las garantías para que se cumpla con la prestación eficiente de los servicios de salud.
¡VIVA EL JUEZ, ABAJO LA LEY!
Por FERNANDO NAVAS TALERO
“Proceso largo que ha tenido que superar muchos obstáculos”
“LA Justicia no tiene corazón y el juez que se lo presta prevarica”. Esta fue la lección que formó a los abogados que rindieron culto a la ley. “Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, reza el articulo 230 de la Constitución; este postulado garantizó su independencia, baluarte del Estado liberal de derecho que en el pasado luchó contra la invasión del poder político al poder judicial, siguiendo los postulados de Montesquieu.
La jurisprudencia entendió que la cacareada autonomía judicial enmascaraba la voluntad de Fuhrer, pues detrás de la ley, a la cual se rendía culto, estaba la voluntad del detentador del poder, por lo tanto el poder “independiente” del juez no hacía nada distinto que sublimar el poder del déspota. Por eso se apeló a la conciencia del juez y se proclamó su libertad así: “El juez ha de hacer prevaler ante la ley injusta su decisión moral” (? ).
Cuando el juez supuso que él formaba parte del poder político del Estado, que no era solamente “operador judicial”, sino que sus decisiones completaban la voluntad política o la anulaban, tomó partido en la comprensión práctica de la ley. La sentencia es la realización de la norma en el caso concreto, concluyó. Así nació el Derecho del Juez. Lo que se cumple no es la ley tal como la concibe el legislador, es la ley a la luz de la interpretación que de ella hace el juez.
Este es un proceso largo, una revolución que ha tenido que superar muchos obstáculos y que se ha dado soterradamente. El concubinato entre el Gobierno y el Parlamento ha conspirado contra los jueces y los jueces, en esa conspiración, han sido complacientes con el tirano. A una de las tantas Cortes que ha tenido la República se le llamó la “Corte-sana” y no precisamente por sus aciertos sino por sus complacencias al gobierno.
Hoy los jueces son confrontados abiertamente y se propone otra reforma a la Constitución para resolver las fricciones de poder, “choque de trenes” que han surgido por la aplicación del Nuevo Derecho o el Derecho de los Jueces, ese derecho que les restó valor a las pruebas obtenidas del “Computador de Reyes” y el mismo que le dio validez a la “Séptima Papeleta”, para que el “revolcador” pudiera convocar a la Constituyente que expidió la Carta en la que ahora se apoya el Poder Judicial para decretar el Estado Social de Derecho que se pretende derogar con el Acto Legislativo sobre la Sostenibilidad Fiscal. Paradojas del Revés del Derecho.
La pelea esta casada. Juan Manuel se reúne con las Cortes para conciliar: ¿Qué es preferible, la dictadura del juez o el imperio de la ley injusta? ¿En su solución debe involucrase la formación de los abogados: leguleyos o juristas? ¡Nada más riesgoso que un juez político e ignorante.
LO IRRAZONABLE
Por JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Tampoco se puede convertir en un estatuto débil”
Continúan, en su vigésimo aniversario, las reformas y propuestas de modificación o adición a la Carta Política de 1991. Con los cinco nuevos actos legislativos, llevamos treinta y cuatro reformas en veinte años, y se preparan otras.
Es verdad que una Constitución política no puede tener el carácter de irreformable, so pretexto de ser perfecta, por cuanto su excesiva rigidez conduce a que sea superada y revaluada por los hechos políticos, y por los de orden social, económico y ecológico. Pero tampoco se puede convertir en un estatuto débil, de cortísima vigencia, cuyo articulado sufra permanentes transformaciones, sin orden ni concierto.
De modo que las constituciones han de prever los procedimientos para su actualización y ajuste, así como los límites para el poder de reforma, pero los órganos competentes solamente deben proceder en tal sentido cuando las necesidades de la colectividad así lo impongan.
La Constitución, en cuanto base política y sustento jurídico de la organización estatal, tiene, por su misma naturaleza, una vocación de permanencia y estabilidad, por lo cual, sin caer en la tesis de la absoluta irreformabilidad, tales órganos, al promover y tramitar las enmiendas constitucionales, tienen que hacerlo con enorme cuidado, y con la indispensable técnica constitucional. Con sindéresis y con prudencia, para no llegar al extremo de anonadar, a punta de enmiendas parciales y coyunturales, el sistema jurídico creado por el Constituyente originario. Y si ello acontece, la reforma no se puede improvisar por razones menores, sino con la mira puesta en el mejoramiento y no en la destrucción de lo existente, pues los resultados de la improvisación -como viene ocurriendo en Colombia- son la confusión, el desorden normativo y la inseguridad jurídica.
Los gobiernos y los congresos colombianos se han acostumbrado a cambiar, sin coherencia alguna, toda norma constitucional que les incomoda, y por ese camino vamos a la total desistitucionalización del Estado.
En consecuencia, a cambio de varias e inconexas pequeñas reformas, como se viene haciendo de modo irrazonable, tomemos la decisión: si el Estado colombiano lo estima indispensable, debería pensar en una gran reforma constitucional, coherente y bien estructurada. Salgamos entonces de las reformitas y pensemos en una sola reforma integral y completa.
***
Nota de duelo
La Constitución ha perdido en estos días a dos de sus más denodados artífices y defensores: Augusto Ramírez Ocampo, ex constituyente, y Fabio Morón Díaz, ex magistrado
CMI
FEDERACIÓN MEDICA DENUNCIA A GOBIERNO
La Federación Medica hizo una grave denuncia esta noche...A través de su vicepresidente German Fernández. Asegura que el ministerio de la Protección Social esta trabajando para revivir varios decretos de la emergencia social que fueron tumbados por la corte constitucional que afecta a los pacientes.
Según el directivo tuvieron acceso a un borrador de decreto donde dice que es de circulación restringida y como asegura él para que “no sea conocido por la opinión publica”
“vienen preparando una serie de decretos reglamentarios a espaldas de la opinión nacional a espaldas de los profesionales de la salud y a espaldas de los hospitales”, señaló Fernández
“Con las enfermedades de alto costo lo que quiere el ministerio es que sean pagadas con cargo al patrimonio de los enfermos o al de las familias de los enfermos”,dice.
Finalmente señala que son muchos los temas los que el gobierno esta trabajando de esta manera.
CARACOL RADIO
CADA AÑO SE INTERPONEN 1.500 TUTELAS EN CALDAS EXIGIENDO EL DERECHO A LA SALUD
1500 acciones de tutela reclamando la prestación de los servicios de salud tramitan al año la Defensoría del Pueblo en Caldas.
La crisis en el sector salud ha aumentado según la Defensoría del Pueblo la petición de los usuarios para tramitan acciones como la tutela para defender su derechos.
El defensor regional del pueblo Gustavo Restrepo índico que las demoras en la entrega de medicamentos o la negación para entregar medicamentos de alto costo, la falta de citas con especialistas y las demoras en autorizar los procedimientos como tratamientos y cirugías.
La situación de la salud es tan grave en el departamento que se tiene planeado el posible cierre del hospital Infantil y de otros centros asistenciales por la deudas de las EPS, que ocasionan el cierre de servicios.
EL SISTEMA DE SALUD ES VIABLE Y SOSTENIBLE: GOBIERNO
En respuesta al control de advertencia hecho por la Contraloría General de la República, el Gobierno garantiza total liquidez del sistema de salud.
El viceministro Técnico del Ministerio de Protección Social, Javier Gamboa, advirtió que el sistema de salud en Colombia es viable y sostenible, luego que se pudiera desinflar la burbuja de los recobros.
Frente al llamado de atención de la Contraloría, por demoras en los pagos a proveedores y médicos de las EPS, dijo que se trabaja para fortalecer las entidades y ninguna de ellas será cerrada por problemas económicos.
"El sistema es perfectamente sostenible, hay unas medidas de liquidez que estamos tomando. Aquí no ha habido el primer hospital o EPS que cierre, eso no va a pasar, los números y los indicadores son sólidos, la plata va a seguir llegando", explicó el funcionario.
Indicó que el Gobierno seguirá trabajando en unas medidas especiales de liquidez, para pasar este momento de ajuste.
El Viceministro Técnico anunció que la semana entrante se hará un nuevo giro directo de 400 mil millones de pesos para red hospitalaria del país del régimen subsidiado.